Gobierno de Bolivia promete 30 años de cárcel para prefecto Leopoldo Fernández

La Paz, 14 Sep. El Poder Ejecutivo dejó en claro este domingo que no negociará los muertos de la masacre de Pando ni la responsabilidad de los autores materiales de estos hechos, y afirmó, al aludir al prefecto pandino, Leopoldo Fernández, que "los asesinos no son interlocutores válidos".

Tanto el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, como el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, lo dejaron en claro este domingo en Palacio Quemado, previo a reuniones con el prefecto de Tarija, Mario Cossío, quien trajo la postura de sus correligionarios agrupados en el denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde).

"El Gobierno no va a negociar los muertos, el Gobierno no va a negociar la responsabilidad criminal de los masacradores, de los asesinos. Eso es punto aparte, eso no entra en la reunión", aseveró enfáticamente García Linera. Indicó que en una mesa de diálogo con los prefectos opositores se diferenciará lo criminal con lo reivindicativo, por lo que afirmó que sí serán parte del diálogo las autonomías departamentales y la redistribución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

En ese contexto, señaló que los autores de la "masacre del Porvenir", además de los caídos en la capital pandina (Cobija) que dejó al menos 14 personas fallecidas, sólo les corresponden un proceso y la cárcel. Indicó que el Gobierno no negocia los actos "de terrorismo criminal" contra instalaciones energéticas del país como el cierre de válvulas y los atentados a gasoductos, registrados en el departamento de Tarija.

"Los asesinos, los masacradores, los delincuentes serán perseguidos, enjuiciados y encarcelados. Eso no está en debate y nadie externo al ámbito judicial, policial y militar tiene por qué meterse", manifestó García Linera. Reprochó que algunos senadores y prefectos quieran "tender un manto de impunidad a la masacre" registrada en estos últimos días en el departamento de Pando, cuyo responsable es el prefecto, Leopoldo Fernández, que incluso se habría vinculado con narcotraficantes para sembrar miedo en la región. "Ese señor (Leopoldo Fernández) responsable de posiblemente de una a dos decenas de bolivianos tiene que asumir su responsabilidad ante la justicia", acentuó.

A la par, el también segundo Mandatario anunció que el martes, en la sesión de Congreso, se conformará una comisión que asuma como Ministerio Público para investigar la masacre de Pando y la participación directa del prefecto Fernández. "El Gobierno nacional no va escatimar esfuerzo para llevar a ese señor a los estratos de la justicia y a la sanción implacable porque las muertes no se negocian no se tranzan", sentenció.

Treinta años de cárcel

El Gobierno prometió la noche de este domingo 30 años de cárcel para el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por los presuntos crímenes de lesa humanidad que, según el Ejecutivo, cometió durante la masacre de campesinos en el territorio pandino, que sucedió el pasado viernes.

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, dijo que Fernández trata de disminuir y evitar su responsabilidad a través de sus recientes declaraciones, pero que los delitos que cometió en la masacre a campesinos no quedarán en la impunidad. "Que quede absolutamente claro que este caso no va quedar en la impunidad, porque vamos a demostrar que las instituciones del Estado boliviano funcionan y en este marco Leopoldo Fernández tendrá una sentencia de 30 años sin derecho a indulto por los delitos que cometió”, manifestó.
Indicó que la actitud del prefecto pandino, acusado por el Gobierno de organizar y financiar sicarios para masacrar a campesinos, no puede ser calificada de otra manera que de genocida.

“Por eso insistimos que a la brevedad posible se tiene que llevar adelante una investigación independiente, imparcial, completa y concluyente de lo sucedido. Estamos convencidos que ese proceso tendrá que acabar en una sentencia en contra de uno de los criminales más grandes que tiene la vida republicana de nuestro país”, aseveró.

Aseguró que no permitirán más uso de sicarios y franco tiradores, bándalos y gente contratada de otros países para disparar contra los humildes ciudadanos del país. “Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles, por eso a Leopoldo Fernández no le valdrá tratar de escapar a otro país”, dijo. Afirmó que el Gobierno tiene “superabundantes” pruebas sobre sus acusaciones, como imágenes televisivas, testimonios de las víctimas y de autoridades que presenciaron los hechos.

“También los mismos cadáveres son pruebas. Los disparos fueron precisos en la cabeza y corazón, vemos en los cadáveres que las muertes fueron individualizadas contra dirigentes (y otros que fueron masacrados). Fue una persecución minuciosa”, manifestó. Acotó que este tema de los crímenes no debiera ser un obstáculo en el proceso del diálogo que reiniciaron con el prefecto de Tarija, Mario Cossio, porque las muertes no se negocian.

“Si alguien quiere imponer como condición del diálogo la impunidad, entonces no hay de que hablar no habrá negociación”, puntualizó.

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