Privado de libertad
El Tribunal Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Barinas dictó medida de privación judicial preventiva de libertad al ciudadano José Francisco Castillo Ramírez por la presunta comisión de los delitos de caza ilícita, previsto y sancionado en artículo 77 ordinal 3° de la Ley Penal de Ambiente en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Protección a la Fauna Silvestre; porte ilícito de arma de fuego, artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Municiones; prohibición de hacerse justicia por sí mismo, artículo 270 del Código Penal;
A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad el director y otros ocho funcionarios de la policía municipal de Anaco, por presuntamente haber incurrido en tratos crueles contra detenidos que permanecen en la sede de este organismo.
Tal situación fue detectada el pasado 20 septiembre, luego de la difusión de un video por las redes sociales con imágenes en las cuales aparecen un grupo de hombres acostados boca abajo y desnudos en un patio.
A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad Yorfran González (22) por la presunta responsabilidad en la muerte de cinco miembros de su grupo familiar, hecho ocurrido el pasado 12 de octubre en el municipio Obispos del estado Barinas.
En horas de la madrugada de ese día, el victimario despertó a su madre, con quien comenzó a discutir y a gritarle que él era Dios, y por tanto, era quien daba y quitaba la vida.
Ante la acusación presentada por el Ministerio Público (MP), fue condenado a 16 años de prisión Manuel Alejandro Rivero Andueza (33), quien admitió su responsabilidad en el tráfico de 160 kilos 970 gramos de cocaína, incautada el 29 de junio de este año por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el punto de control El Quebradón, municipio Febres Cordero del estado Mérida.
El Ministerio Público (MP) logró privativa de libertad para Luis Apolinar Contreras (54), almacenista de farmacia en el Hospital Doctor Patrocinio Peñuela Ruiz del Seguro Social de San Cristóbal, por presuntamente exigirle 300 mil bolívares al familiar de un paciente a cambio de tramitarle la entrega de medicamentos de oncología.