Ley de Amnesia Criminal desprecia a víctimas por delitos de lesa humanidad
Esto "no lo puede permitir la República y mucho menos la democracia" por lo que anunció que probablemente quede para un pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
La promulgación de la Ley de Amnistía aprobada en segunda discusión por la mayoría circunstancial de la oposición en la Asamblea Nacional, sería un desprecio para las víctimas de los delitos de lesa humanidad.
Así lo consideró el abogado constitucionalista Herman Escarrá, quien señaló que con esta ‘ley de amnesia criminal‘, hay una violación o inobservancia directa del artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su parte final.
Este artículo refiere que "El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía".
Durante su participación en el programa Causa y Efecto que transmite Yvke Mundial, el especialista subrayó que pese a que dicho documento jurídico fue aprobado parlamentariamente, "requiere el ejecútese que corresponde al presidente de la República, quien tiene la facultad de objetarla por inconstitucional".
Escarrá sostuvo que en este reglamento "no hay ninguna claúsula que se refiera al proceso de organización del diálogo" y enfatizó que la amnistía "tiene que empezar por el reconocimiento de las víctimas, el tratamiento de las víctimas, el perdón de las víctimas".
En este sentido, reiteró que su aprobación sería una especie de desprecio para quienes perdieron a sus familiares. "Se está pidiendo perdón por una serie de hechos que están muy distantes de ser hechos políticos sino que en realidad son delitos extremadamente graves", opnó.
Finalmente, aseveró que esto "no lo puede permitir la República y mucho menos la democracia" por lo que anunció que probablemente quede para un pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ya sea para ordenar una reestructuración de la misma o declarar su nulidad.
