Corte Penal Internacional: la escalada de Almagro contra Venezuela
La cruzada que ha emprendido Luis Almagro (Secretario de la OEA) contra Venezuela, ya luce como un reto personal que este personaje de la seudo política se ha fijado en su agenda. La aprehensión contra la Patria de Bolívar manifestada por este oscuro agente de la Casa Blanca, ya era notoria cuando en su condición de canciller del Uruguay visitó Venezuela como parte de la delegación de cancilleres que envió Unasur, tras las acciones de violencia política (mal llamadas "guarimbas") en el año 2014. Quienes asistimos a esos encuentros, donde participaron organizaciones políticas y sociales de diversas tendencias, palpamos como dejó en evidencia su sesgo anti bolivariano, ese que le corre por las venas y que no disimula. El tiempo nos ratificaría con creces que esa impresión no solo no fue equivocada, sino que se ha acrecentado demencialmente.
Hoy, desde la comodidad de su posición en Washington, alimentado por los fondos de la OEA y el lobby que rodea a esa carcomida instancia del neocolonialismo, haciendo gala de un descontrol verborrágico absoluto en el cumplimiento del rol asignado (es un simple secretario de una instancia colegiada, que no representa a nadie, excepto a él mismo), Almagro se afina en el ataque sistemático y cotidiano contra la República Bolivariana de Venezuela. El último exabrupto en que incurre el infame secretario es crear unilateralmente una "comisión independiente" que investigue si ocurren crímenes de lesa humanidad en Venezuela (un sarcasmo llamarle así, al estar integrada por tres acérrimos detractores del proceso venezolano; uno de ellos el reconocido archienemigo de la Revolución Bolivariana, Santiago Cantón, ex secretario de la CIDH).
Como era de esperar, basando sus apreciaciones en informes de dudoso origen, testimonios manipulados y el aporte de las inefables ONG "caza fondos" (con su mascarada de sociedad civil) se construye un bodrio de numerosas páginas, que le permita a Almagro y sus secuaces subir un escalón en el conflicto: denunciar a altas autoridades venezolanas en la Corte Penal Internacional. La idea no es siquiera novedosa. Ya en el año 2002, en el marco del golpe de estado contra el Presidente Chávez, un conspicuo abogado venezolano ligado a una ONG internacional de derechos humanos, Fernando Fernández, predicaba con el boato que le es propio y ante las cámaras de la exultante televisora golpista RCTV, que había "suficientes elementos" para que Hugo Chávez fuera procesado en la Corte Penal Internacional. A las pocas horas, el golpe oligárquico contra Chávez era arrasado por un mar de pueblo; el tema de la CPI perdía relevancia y las declaraciones infames de este abogado (¿Ansioso de algún cargo en el gabinete de Carmona el Breve quizás?) se volvían un periódico de ayer.
Hoy repiten la fórmula. Con la misma torpeza. Con mayor soberbia. Saben en la OEA que sacar a Maduro se ha convertido en tarea imposible. Y ahora ratificado por el voto popular, pues menos. El intento de mezclar las competencias de la CPI con el ámbito de la OEA ya le ha causado problemas a Almagro en el seno de la misma. El Gobierno de Nicaragua, mediante comunicado emitido en 2017, manifestaba ese conflicto claramente: "Queremos dejar en claro que la Organización de los Estados Americanos, no es una extensión de la Corte Penal Internacional, nadie ha erigido a este Organismo en un Tribunal de Alzada Internacional, ni ha recibido ningún mandato de los Estados Miembros de esta Organización, para este propósito ya que no es un órgano competente para este fin, ni mucho menos tiene mandato alguno de las Naciones Unidas", agregaba la nota de protesta. Pero la sordera de Almagro difícilmente entiende esos u otros argumentos.
El proceso para que el informe inflado por Almagro siga curso a la Corte en La Haya, debe cumplir una serie de pasos, que exigen la intervención de algún país miembro del estatuto que se preste al show. El estatuto de creación de la CPI (conocido como Estatuto de Roma) establece en su Artículo 13 lo relativo al ejercicio de la competencia de la Corte, y a tal fin plantea lo siguiente:
"La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:
a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes;
b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; o
c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15".
A todas luces, el camino a seguir en la cruzada almagrista exige que algún estado asuma la denuncia, lo cual suena sencillo si uno mira hacia el "Grupo de Lima", pero que en los entre telones de la geo política pudiera tener efectos no deseados por ninguno de esos gobiernos conspicuos a Washington, ya que generarían un peligroso precedente de cara a futuro. Los casos de control de la violencia política opositora ocurrida en Venezuela en 2017 (que son materia del infamante informe de la triada contratada por Almagro) no distan en nada de lo que pudiese reflejarse como situaciones similares o peores que se han presentado y siguen ocurriendo en los últimos años en otros países de la región, con saldos lamentables.
La CPI tiene competencias para juzgar los crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos desde el 1 de julio de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma, y siempre que quede demostrado, que el sistema de justicia del país en cuestión no está investigando esos casos (lo cual ya de por sí tumba las intenciones de Almagro, pues hay procesos abiertos en Venezuela por esos temas, retomados con fuerza por el actual Fiscal General de la República, desde la salida de la ex fiscal – y aliada de Almagro- Luisa Marvelia Ortega).
La Fiscalía de la CPI anunció el 8 de febrero la apertura de un "examen preliminar" a Venezuela por petición de un grupo de legisladores latinoamericanos, entre quienes figura ni más ni menos que el ultra uribista Iván Duque, candidato presidencial de Colombia, que aseguró que si gana los comicios denunciará a Venezuela ante la corte. En los años de vida que lleva la CPI, ningún Estado del mundo ha denunciado a otro. Que esto ocurriera marcaría un antecedente de múltiples e insospechadas consecuencias.
En el caso de Venezuela además, con una grosera manipulación informativa, que pone aún más en entredicho la independencia del grupo de "expertos" tarifados que hicieron el trabajo sucio por Almagro, se pretende endilgar a la acción del Estado la totalidad de las víctimas provocadas por la violencia política del 2017. El falaz informe asegura que, desde las marchas antigubernamentales de 2014 se han registrado 131 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado o por los llamados "colectivos", ciudadanos que supuestamente se coordinan con las autoridades para reprimir manifestaciones. Ni una mención somera a la responsabilidad (demostrada por demás) de actores particulares y políticos de oposición en la inmensa mayoría de los casos. Tampoco se dice nada del procesamiento judicial que se ha realizado a aquellos funcionarios que puntualmente estuvieron involucrados en excesos del uso de la fuerza que constituyeron violaciones de derechos humanos específicas. Ni por somero error se hace referencia a otros informes de fuentes diversas o al informe elaborado por la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, de la Asamblea Nacional Constituyente (la cual trabajó además de la mano de reconocidas personalidades del mundo de los derechos humanos en Venezuela para elaborar el informe sobre los sucesos de violencia política del año 2017).
La clave del informe Almagro, como bien saben los que se lo hornearon durante estos meses, está en la utilización reiterada de un concepto que es sensible a los oídos de las instancias internacionales de derechos humanos: "…los actos sistemáticos generalizados de represión y persecución, como las detenciones masivas, las desapariciones forzadas, los asesinatos, las torturas, las violaciones y los otros actos de violencia sexual, y persecución cometidos por sus subalternos a través de toda la cadena de mando civil y militar…". Intentará fallidamente Almagro, venderle a la CPI la tesis de la sistematicidad, es decir, de la premeditación que convierte en política de Estado las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Sin ese asidero conceptual ninguna iniciativa tendrá cabida en la Corte Penal. Y recordemos además que la CPI no juzga Estados sino personas; razón por la cual el foco se centra en la figura del primer mandatario nacional y su entorno.
Hay sobrados elementos de prueba y convicción que echan por tierra el informe Almagro. La construcción del falso positivo contra el Presidente Maduro, el vicepresidente El Aissami y los altos mandos policiales y militares, tendrá que chocar necesariamente con las evidencias, testimonios de las verdaderas víctimas y sus familias, de los funcionarios, trabajos de comunicadores sociales verdaderamente independientes, informes de activistas de derechos humanos que recopilaron y testimoniaron lo sucedido. Tergiversar la verdad para acabar con Maduro requiere de mucho más que la payasada que se ha tejido a la sombra oscura de la OEA, cada vez más testigo cómplice de los arrebatos patológicos de su secretario general.
