Campesinos colombianos inician paro agrario por incumplimiento de promesas
Cuenta con el apoyo de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), de la Marcha Patriótica, de movimientos campesinos, estudiantiles, sindicales y populares, así como de transportadores y organizaciones agrícolas
En la etapa final para que se firme un acuerdo de paz para Colombia, este lunes 30 de mayo inicia un paro nacional agrario, casi por las mismas razones que lo provocaron hace tres años, justo cuando iniciaban los diálogos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).
En aquella ocasión, pese al Acuerdo Agrario firmado el 26 de mayo entre el Gobierno y la FARC-EP, varios sectores productivos en regiones claves para el desarrollo de ese pacto se unieron al paro. En esta ocasión, la convocatoria es de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, integrada por la mayoría de organizaciones populares con arraigo en zonas campesinas, indígenas o de comunidades afrodescendientes.
La Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, como denominan las movilizaciones pacíficas en el país, busca resaltar las dificultades por las que sigue atravesando el sector agrario, por lo que más que de nuevos reclamos, se habla es de incumplimiento de promesas.
Cuenta con el apoyo de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), de la Marcha Patriótica, de movimientos campesinos, estudiantiles, sindicales y populares, así como de transportadores y organizaciones agrícolas.
El Gobierno de Juan Manuel Santos, por su parte, señala que no ha incumplido los acuerdos de 2013. En cambio, ha destinado cuantiosos recursos para satisfacer las demandas y que el propio Santos, los ministros y otros altos funcionarios han sostenido múltiples reuniones con voceros de los movimientos agrarios con una clara disposición al diálogo.
¿QUÉ EXIGEN?
Jimmy Moreno, dirigente del Congreso de los Pueblos y vocero de la Minga, plantea que la exigencia principal de las comunidades campesinas y étnicas es que el Gobierno cumpla sus promesas, “porque en medio de sus discursos sobre la paz que se avecina hay aspectos puntuales, que de no solucionarse de manera prioritaria, se van a convertir en serios obstáculos en un ambiente de posconflicto”, concluye un medio local.
El principal rechazo de la comunidad recae sobre la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), una ley que enfoca el desarrollo agropecuario en zonas donde se requiere alta inversión, y que lo que propicia es la intensificación del modelo de agroindustria, el cual ya impera en el campo y no favorece al pueblo, sino a los grandes empresarios y multinacionales del agro, según Moreno.
El campesinado también se queja sobre el otorgamiento de licencias para la explotación minera en ecosistemas estratégicos sin la previa consulta de la gente afectada en esas regiones. El modelo minero no respeta la autonomía territorial y pasa por encima de la defensa de los territorios, la preservación de las fuentes hídricas y la economía campesina.
EL CATATUMBO FOCO DE LAS MINGAS
Otro agujero negro lo constituyen las regiones donde los cultivos de coca, marihuana y amapola siguen vigentes como única fórmula de sustento para las comunidades. Esto es un reto para el Estado porque aún no concibe nuevos modelos de economía agraria rentables para estas comunidades salgan del mundo de las drogas.
El Catatumbo, región limítrofe con Venezuela y que agrupa 11 municipios de Santander, será el foco de las mingas previstas para animar la protesta. Allí el Comité de Integración Social, manifiesta que las autoridades centran el debate sobre el aumento o la disminución de los cultivos de coca, pero no asumen el abandono en que se encuentran los campesinos para que estos puedan salir de dichos cultivos ilegales y retomar el hortalizas y legumbres varias. Afectados por la sequía, la carencia de distritos de riego o los bajos precios de las cosechas, la opción actual de la comunidad es apoyar la protesta.
Mientras el senador del Polo Alberto Castilla, oriundo de la región, manifiesta que Colombia está a punto de ponerle fin al conflicto con las FARC-EP, en el Catatumbo, una de las zonas donde se va a construir el posconflicto, lo único claro son las deudas sociales.
“Hay un médico por cada 5 mil habitantes, apenas el 1 por ciento de los bachilleres va a la educación superior y el indicador de necesidades básicas insatisfechas está en el 70 por ciento. En cambio hay más de 15 mil militares en la región, como la única presencia del Estado”, agrega Castilla.
Aunque el Catatumbo no es el único escenario dispuesto para el paro agrario, sí representa un destino crucial para las políticas de paz del Gobierno. No sólo porque las FARC-EP busca desarrollar en la zona buena parte del acuerdo agrario firmado en mayo de 2013, sino porque el Ejército de Liberación Nacional también tiene muchos intereses en esta región de Santander.
A los agricultores del Catatumbo se les exige que abandonen sus cultivos ilegales, siendo su única forma de sustento. Pero no se les ayuda a migrar a otras formas de producción agrícola. EFE
EN CONTEXTO
Entre febrero y agosto de 2012 se llevaron a cabo las negociaciones para establecer una Mesa de Conversaciones para llegar un acuerdo de paz entre el Estado Nacional Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La mesa quedó constituida, teniendo como país sede a Cuba, país garante del proceso junto a Noruega. Mientras que Chile y la República Bolivariana de Venezuela actúan como países facilitadores.
