Activan Defensa Pública a favor de los inquilinos

Activan Defensa Pública a favor de los inquilinos

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La Defensoría Pública General activó la competencia en material civil y administrativa especial inquilinaria para la defensa del derecho a la vivienda.

La Defensora Pública General, Omaira Camacho Carrión, informó que se ordenó la creación de las defensorías públicas primera y segunda con competencia en la materia, a cargo de la abogada Ana María Rodríguez y el abogado Eleusis Borrego, ubicados en la Unidad Regional de la Defensa Pública adscrita al Área Metropolitana de Caracas.

Explicó que a pesar de que la creación de las defensorías especiales se inició en Caracas, la activación de la competencia implica que la institución en pleno dará atención a los casos relacionados.

“La Defensa Pública se activó para resguardar el derecho a la vivienda y serán creadas las defensorías que sean necesarias, porque el derecho a una vivienda digna es un derecho humano fundamental y la satisfacción de ese derecho es obligación compartida entre los ciudadanos, ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos”, dijo.

Señaló que defender a todos los ciudadanos y ciudadanas constituye su objetivo fundamental.

]Dónde y cuándo acudir

Los afectados que necesiten una orientación pueden dirigirse al Edif. Defensa Pública, Esq. Jesuita a Tienda Honda. Av. Panteón, Boulevard Panteón. Parroquia Altagracia. Municipio Libertador. Caracas

Sede 2:

Palacio de Justicia. Piso 6, Ofic. 611. Esq. Cruz Verde. Municipio Libertador.

Y por los teléfonos: 0212 – 508.16.20 / 21. 0212-508.17.22. 0212-508.1568 / 69

También pueden visitar la página web: defensapublica.gob.ve

]Servicios que ofrecen:

Orientar y asesorar en materia inquilinaria.

Ejercer la defensa de los usuarios del servicio ante los tribunales de municipio, primera instancia y superiores, así como ante los órganos administrativos en materia de su competencia.

Ejercer la Acción de Amparo Constitucional Autónoma y Recursos de nulidad ante el órgano jurisdiccional competente.

Promover las pruebas que sean necesarias para la mejor defensa de los intereses de los afectados.

Anunciar el Recurso de Apelación o Casación de ser procedente.

Levantar casos y estadísticas de las personas usuarias, a los fines de canalizar sus necesidades de vivienda ante los organismos competentes.