AN aprobó Bs.8.800 millones para ajuste del salario mínimo y pago de pensionados

AN aprobó Bs.8.800 millones para ajuste del salario mínimo y pago de pensionados

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La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes, por unanimidad, dos créditos adicionales por más de 8.800 millones de bolívares, para cubrir el ajuste del salario mínimo de los trabajadores públicos y el pago a los pensionados.

Un crédito adicional por 4.631 millones de bolívares irá al pago de pensiones por vejez, invalidez, sobrevivencia e incapacidad a casi dos millones 800 mil venezolanos, a quienes les corresponden las erogaciones de septiembre y octubre.

Este monto se une a los 4.900 millones de bolívares aprobados hace poco para los pagos de julio y agosto, según precisó el presidente de la Subcomisión de Finanzas, Ramón Lobo, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

El diputado añadió que para este año, cuando se estima sumar 192.000 nuevos beneficiarios, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) requiere un total de 19.000 millones de bolívares, que serán autorizados progresivamente.

Otro crédito importante aprobado va dirigido a cubrir la segunda parte del ajuste de 25% en el salario mínimo, que comenzará a regir en septiembre, el cual está dirigido a los trabajadores de la Administración Pública Nacional, así como el ajuste de tabulador de obreros y trabajadores de las misiones, adultos mayores y amas de casa.

El monto ronda los 4.200 millones de bolívares y beneficiará a dos millones 933 mil trabajadores.

Este crédito fue aprobado con la mayoría del Psuv, con el voto salvado de los diputados de la derecha Vestalia Sampedro, José Manuel González, Alfonso Marquina, Rafael Guzmán y Elías Matta.

En total, la Comisión de Finanzas aprobó seis créditos adicionales al Presupuesto 2011, por un monto total de 9 mil 669 millones de bolívares que serán debatidos en la plenaria de la AN, durante la tarde de este martes.

La Comisión también autorizó un crédito adicional por 38 millones 900 mil bolívares para la rehabilitación y ampliación de la Universidad de Oriente (UDO) en su extensión de Carúpano (Sucre). Con este proyecto, que será ejecutado por la Fundación Propatria 2.000 (adscrita a la Vicepresidencia de la República), la casa de estudios sumará 1.800 alumnos a los 6.200 que atiende actualmente.

Se construirán dos módulos de aulas y se culminará el edificio de Administración y Contaduría, en un plan pautado para 13 meses de ejecución.

Otro crédito suma 284 millones de bolívares para el Ministerio de Deporte, de los cuales 258 millones de bolívares irán en particular al Instituto Nacional de Deporte (IND). Detalló Lobo que parte de los recursos se destinarán a movilización de los atletas dentro y fuera del país.

La Defensoría del Pueblo también recibió un crédito adicional, por 45 millones de bolívares, para cubrir gastos de funcionamiento y pago de pólizas de seguros de sus empleados.

Del mismo modo, se aprobaron dos millones 535.000 bolívares para el Consejo Moral Republicano, con el fin de cubrir beneficios socioeconómicos a sus trabajadores, alimentar insuficiencias presupuestarias y financiar, entre otros aspectos, un proyecto de formación ciudadana y valores republicanos en las comunidades.

Todos los créditos fueron aprobados por unanimidad, excepto el dirigido al aumento del salario mínimo y el de la ampliación de la extensión de la UDO, que tuvieron el voto salvado de la bancada de oposición.

En ambos casos, la justificación fue la misma: la fuente de recursos extraordinaria.

Sampedro y Marquina explicaron su negativa a aprobar ambos créditos porque consideran que no se trata de recursos extraordinarios sino ordinarios, y que esto priva, según señalan, a las gobernaciones y alcaldías de ingresos que les corresponderían por situado constitucional.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Finanzas, Ricardo Sanguino, precisó que se trata de ingresos extraordinarios producto de la unificación cambiaria decretada a comienzos de año (el tipo de cambio pasó a 4,30 bolívares por dólar), y no como recursos provenientes del petróleo, que sí son ordinarios.

"No hay ninguna intencionalidad de parte del Gobierno Nacional de arrebatar a ninguna institución de lo que justamente le corresponde de acuerdo con la Constitución y las leyes", resaltó Sanguino.