Decreto de Estado de Excepción protege la soberanía y autodeterminación nacional
La independencia, libertad, soberanía y la autodeterminación nacional, que son derechos irrenunciables de la nación y establecidos como principios fundamentales en la Constitución Bolivariana de Venezuela, están protegidos con el decreto de Estado de Excepción, que entró en vigencia el lunes y que se mantendrá por un lapso de 60 días.
Durante su vigencia – prorrogable por 60 días más según lo establecido en la Constitución– el Ejecutivo Nacional tiene la facultad para adoptar medidas especiales en el orden de la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela que garanticen el absoluto ejercicio de la soberanía nacional e impidan la injerencia extranjera en asuntos internos del Estado venezolano.
En la Gaceta Oficial, publicada el lunes, también se indica durante ese lapso el Presidente en favor de la independencia y soberanía del país, podrá instruir al Ministerio para relaciones Exteriores la auditoria e inspección de convenios firmados por personas naturales o jurídicas nacionales con entidades u organismos extranjeros para la ejecución de proyectos en el país.
Cuando se presuma la utilización de esos convenios y de financiamiento con fines políticos o desestabilizadores en contra de la República, se ordenará la suspensión inmediata, agrega la medida.
En cuanto a la seguridad nacional, el Ejecutivo también está facultado para dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen la paz social y el orden público, ante acciones o planes que pretenda perturbar la estabilidad y la paz en el país.
Igualmente, podrá atribuir funciones de vigilancia y organización a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, a los consejos comunales y demás organizaciones de base del Poder Popular, conjuntamente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policial Nacional Bolivariana, los cuerpos de policiales, tanto estadal como muncipal, para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía en el país.
La suspensión temporal del porte de armas también forma parte de las medidas a ser aplicadas.
Todas las acciones se ejecutarán con estricta sujeción de las garantías de los derechos humanos.
