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Repudian en Ecuador violencia desatada contra inmigrantes venezolanos

Tras considerar los incidentes como xenófobos, llamaron a las autoridades a trabajar para evitar situaciones de ese tipo y a no emitir mensajes que puedan avivar acciones violentas

En Ecuador, donde los altos niveles de violencia e inseguridad preocupan hoy a la ciudadanía, crece el repudio a agresiones contra inmigrantes venezolanos, registradas en Ibarra y consideradas actos xenófobos.
 
Las redes sociales se han convertido en un espacio de rechazo a incidentes suscitados la víspera, cuando lugareños golpearon a ciudadanos del país vecino, quemaron sus pertenencias y forzaron a abandonar la ciudad a otros, luego de que una persona de nacionalidad venezolana provocó heridas con un cuchillo, que causaron la muerte de su pareja, el sábado último.

Videos e imágenes publicados en Twitter, principalmente, mostraron varios de esos hechos, así como momentos en que miembros de las fuerzas del orden lograron impedir similares hechos violentos, ante lo cual se desató la ola de condena.

Juristas, representantes de organizaciones sociales, exfuncionarios de gobierno y ciudadanía en general coincidieron en que el maltrato a mujeres no está relacionado con nacionalidades y es un mal, con el cual lidian los ecuatorianos casi a diario.

Tras considerar los incidentes como xenófobos, llamaron a las autoridades a trabajar para evitar situaciones de ese tipo y a no emitir mensajes que puedan avivar acciones violentas.

Al respecto, el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastian Roldán, afirmó que el gobierno no permitirá la ocurrencia, nuevamente, de eventos similares y constató la detención de cuatro personas vinculadas al brote violento en Ibarra, provincia de Imbabura.

‘Nadie puede hacer justicia por su propia mano, para eso está la ley y la constitución, aseguró de su lado la fiscal general (encargada) Ruth Palacios’.

El femicidio de Diana Carolina Rodríguez, ocurrido a una semana de que tres ecuatorianos violaran sexualmente a una mujer, en un bar, aumentó las demandas a nivel nacional de aplicar medidas para poner fin a la violencia contra la mujer y de reforzar el Código Organico Penal Integral en ese sentido.

 
Según el mapa desarrollado por Fundación Aldea, Taller de Comunicación Mujer, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y la Red de Casas de Acogida, en 2018 cerca de 90 féminas fueron asesinadas, lo cual representa una muerte cada tres días.

En el 66 por ciento de los casos, el perpetrador fue su pareja o expareja, mientras que en el 18 por ciento, ya había antecedentes de agresiones reportadas en las instituciones públicas, argumento en el cual se basan quienes defienden la tesis de que la violencia carece de nacionalidad.

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