Junta Directiva de la Asamblea Nacional es ilegal por encontrarse en desacato
El Procurador del estado Mérida, Juan Luis Suárez, indicó en el programa La Radio Necesaria que se transmite por Mundial Los Andes 1040 Am y 106.3 FM, de lunes a viernes, que en el 2016 todas las actuaciones de la Asamblea Nacional, como fueron los actos administrativos y legislativos, por encontrarse en un desacato judicial, carecieron de validez jurídica, “de tal forma que mal puede interpretarse que la junta directiva que fue designada en la primera sesión del año el 05 de enero, tenga una validez legal y jurídica”, sentenció.
Detalló también Suárez que el TSJ, además, sentencia que la segunda sesión que ellos celebraron es ilegal, “no existe una nueva junta directiva, ya que es ilegal en virtud de su nombramiento en desacato", reiteró.
Explicó que esta “seudo directiva de la AN” procede a someter a consideración del seno de la Asamblea una destitución “expres” del presidente de la República, Nicolás Maduro, como un supuesto abandono del cargo, que bajo ningún concepto aplica, pues el primer mandatario nacional está en pleno ejercicio de sus funciones como Jefe de Estado y Comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
A su vez, el Procurador del Estado Mérida destacó que existen mecanismos en la ley para que las sentencias del Poder Judicial Venezolano no se queden en el papel, “es decir la figura de la tutela judicial efectiva”, especificó.
Explicó que existen procedimientos del Estado a través de los otros poderes públicos, como el Poder Ciudadano y el Podar Moral Republicano para ejercer mecanismos para ejecutar, con la fuerza un mandato judicial.
“Es el Estado el que tiene la potestad constitucional del ejercicio de la fuerza, y es a través de esto que el Poder Público debe ejecutar el mandato judicial efectivo, para que las sentencias no se queden en el papel”, aseveró.
De tal forma, Suárez indicó que ante el reiterado y sistemático desconocimiento de la ley y de las sentencias del TSJ, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía General de la República, debe levantar la investidura de la anterior junta directiva de la AN y proceder a quitarle la inmunidad parlamentaria, para que puedan ser procesados estos parlamentarios por delitos comunes.
Manifestó que el desacato a las sentencias del TSJ constituye un delito y en los próximos semanas el paso que debe seguir el Poder Ciudadano, a través de la Fiscalía General de la República es el velar por el cumplimiento efectivo de las sentencias del TSJ.
“Al señor Henry Ramos Allup y a los parlamentarios que conformaron la junta directiva de la Asamblea Nacional durante el año 2016 se le debe quitar la inmunidad parlamentaria para que sean procesados por el delito de desacato”, puntualizó.
