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EEUU aplica nuevas sanciones contra Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) anunció este martes la aplicación de nuevas sanciones económicas contra altos funcionarios del gobierno venezolano, entre los que destacan la primera combatiente, Cilia Flores y la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.

De acuerdo al comunicado emitido por el Departamento del Tesoro, publicado por agencias internacionales las sanciones aplican también al ministro del Poder Popular para la defensa, Vladimir Padrino López y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

Asimismo la orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump alcanza también a José Omar Paredes y Edgar Sarria y prohíbe a toda persona o compañía sujetas a las leyes estadounidenses realizar transacciones con “cualquier moneda digital” emitida por el gobierno de Venezuela después del 9 de enero del 2018.

“Continuamos sancionando a los socios más leales que permiten que Maduro refuerce su control sobre los militares y el Gobierno mientras el pueblo sufre”, indicó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

El Tesoro determina que con estas sanciones, congelan "todos los activos" que presuntamente los funcionarios venezolanos poseen en territorio estadounidense.

En marzo pasado y en el marco de los constantes ataques económicos contra Venezuela, el Gobierno de Donald Trump anunció la prohibición a sus ciudadanos estadounidense a comercializar a través de la criptomoneda venezolana el Petro.

Ante esa amenaza contra el país y su economía, el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado a la comunidad internacional para denunciar las acciones de la administración estadounidense que busca la intervención militar.

Obama decreta a Venezuela como amenaza inusual para EEUU

El 9 de marzo de 2015, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió un decreto injerencista que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad de EE.UU., el cual fue rechazado por pueblos y movimientos del mundo.

Este tipo de medidas, de acuerdo con algunos analistas, es un antecedente para justificar la intervención estadounidense en los países señalados de “amenaza” a sus intereses políticos y económicos.

 

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